plan colombia
La Amazonía colombiana es el escenario del conflicto que vive el país. Desde los diálogos con la guerrilla de las FARC - EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo), que se realizan en la zona amazónica del Caguán, hasta las fumigaciones de cultivos de coca, efectuadas en Putumayo y Guaviare, los pobladores de la región sufren las consecuencias de la implementación del Plan Colombia como la estrategia del gobierno para la erradicación de cultivos ilícitos y el fortalecimiento de la presencia militar en estas zonas.
Los impactos de esta situación sobre los pueblos indígenas, los ecosistemas y el futuro de esta porción de la Amazonía son una creciente preocupación para quienes pensamos en la construcción de un futuro posible para la Cuenca y el planeta.
Aquí encontrarás información sobre temas específicos que se refieren a la evolución del Plan Colombia en la Amazonía.
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biológicas en la Amazonía: catástrofe para la humanidad
la violencia
y las fumigaciones amenazan la supervivencia del pueblo Cofán
el
drama del desplazamiento forzoso en Colombia
la guerra atenta contra los pueblos indígenas
las fumigaciones en Colombia: amenaza para la Amazonía
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plan Colombia: dinero para la guerra
putumayo: la complejidad del conflicto colombiano
panorama general de la situación colombiana
el paro armado del Putumayo, radicalización de la guerra
y crisis humanitaria
armas biológicas en la Amazonía: catástrofe para la humanidad
Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos en su historia. Luego de cuarenta años de conflicto interno y pese a las negociaciones de paz que se desarrollan con la guerrilla de las FARC, el gobierno colombiano puso en marcha el Plan Colombia, como una estrategia que sin duda agudizará la guerra en el país.
El eje central del Plan Colombia es la erradicación forzosa de las plantaciones de coca y amapola. La estrategia de erradicación se desarrollará básicamente en la Amazonía Colombiana, territorio donde operan las FARC. Para este propósito, el 64,3% de los recursos del Plan Colombia se destinarán a la lucha antinarcóticos (4,810 millones de dólares), es decir, en entrenamiento y fortalecimiento del ejército, policía y acciones de interdicción e inteligencia militar.
Se espera eliminar 60.000 hectáreas de coca, localizadas principalmente en los departamentos amazónicos de Caquetá, Guaviare y Putumayo.
En Colombia se han fumigado los cultivos de coca y amapola con glifosato, desde hace más de veinte años, pese a lo cual se han incrementado los cultivos. Básicamente por: la movilidad del capital asociado; la demanda internacional de drogas; la inexistencia de alternativas sostenibles de sustitución de los cultivos y la persistencia de las condiciones de pobreza e injusticia social en el país (en especial en los territorios periféricos como la Amazonía). Con el argumento de la ineficacia del herbicida utilizado hasta ahora (sólo el 27,58% de las hectáreas fumigadas con glisofato son eliminadas), se plantea el uso de métodos más agresivos y "eficaces". Bajo este argumento, el gobierno norteamericano condicionó la ayuda del Plan Colombia a la utilización de "micoherbicidas" (hongos, insectos y microorganismos) , presentados como control biológico, pero que realmente son agentes conocidos como armas biológicas.
Como uno de los métodos más eficaces se plantea el uso del hongo fusarium oxysporum, como un agente de control biológico efectivo para la erradicación de los cultivos de coca en la Amazonía colombiana. La aplicación de este hongo, modificado y patentado en laboratorios norteamericanos, generará nefastos impactos socioculturales y ambientales en la Amazonía y convertirá a la región en centro de experimentación de armas biológicas.
El uso del fusarium oxysporum provocará una catástrofe ambiental y sociocultural sin precedentes en la historia de la humanidad. Este hongo es altamente tóxico, produce una mortalidad del 76% en organismos vivos y afecta gravemente la salud humana al atacar el sistema inmunológico.
A la nefasta iniciativa de utilizar este hongo de muerte, se suma la propuesta del gobierno colombiano para investigar y experimentar con otros agentes biológicos, mediante la identificación de patógenos existentes en las diferentes especies de coca de la Amazonía. Estos patógenos serán manipulados genéticamente para ser patentados como productos industriales de control biológico que ataquen las plantas de hoja de coca.
El uso de armas biológicas implica graves riesgos ambientales para la Amazonía colombiana, sus fronteras y para la salud humana de los habitantes de la región. La fragilidad de los ecosistemas se verá seriamente amenazada por los efectos imprevisibles de estas armas que no sólo atacarán los cultivos de coca, sino que afectarán a un sinnúmero de otras especies vegetales, animales y microorganismos.
La experimentación y aplicación masiva de armas biológicas en la Amazonía causará efectos más graves que el uso del Agente naranja en Vietman. La permanencia durante años de estos agentes en el suelo, sin duda afectará el frágil equilibrio de este importante ecosistema.
La mutación de estos agentes y el ataque a plantas diferentes a la coca ponen en alto riesgo a la Cuenca Amazónica en su conjunto. La liberación de micotoxinas ocasionará incalculables efectos tóxicos para el hombre, la vegetación y los animales, lo que derivará en una terrible catástrofe ambiental y sociocultural. Con el uso de estos agentes se afectará en el corto plazo a los 58 pueblos indígenas de la Amazonía colombiana y al millón de personas que habitan la región. En el largo plazo serán víctimas de las armas biológicas los 25 millones de habitantes de la cuenca amazónica, los 385 pueblos indígenas y los 7,5 millones de km2 del territorio amazónico.
Se atentará contra más de tres millones de especies que conforman la megadiversidad de la Amazonía; se afectarán directa e indirectamente millares de especies de plantas, animales, artrópodos, bacterias, hongos y microorganismos, fundamentales en los procesos ecológicos del frágil ecosistema amazónico, con lo cual se contamina gravemente el bosque húmedo tropical.
Estas graves alteraciones constituyen en una terrible amenaza para el planeta. A escala mundial se alterará la dinámica ambiental, pues la región recicla cerca del 10% del agua dulce del planeta y regula el ciclo hídrico global. Se afectará el gran sistema hidrográfico del Amazonas que descarga en el océano Atlántico un promedio de 210.000 m3 por segundo, que equivalen a 6,3 billones de metros cúbicos al año; lo que representa cerca del 15,5% de las aguas dulces de la tierra.
La catástrofe ambiental pondrá en riesgo a los miles de millones de toneladas de biomasa que conforman los bosques amazónicos y causará una grave crisis alimentaria. Los efectos para la humanidad serán incalculables ya que la Amazonía contiene especies aún desconocidas para la medicina: se perderá el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas y se romperá el equilibrio de un ecosistema altamente vulnerable a cualquier alteración mínima.
Con la guerra biológica se generará el ecocidio en la Amazonía, por la degradación ambiental de los espacios vitales necesarios a la supervivencia de las comunidades indígenas, al afectar el entorno en que habitan por la introducción de agentes que alterarán radicalmente el frágil ecosistema amazónico.
La aplicación de armas biológicas atenta contra los principios básicos de la vida. El uso de agentes biológicos y su experimentación en la Amazonía no pueden ser un costo que la humanidad pague bajo el supuesto de la lucha contra el narcotráfico.
La identificación y uso de insectos, hongos o microorganismos, mediante manipulación genética, como productos patentados para la erradicación de la coca atenta contra el Convenio Mundial de Biodiversidad (numerales 8 y 14), el Protocolo de Bioseguridad, el acuerdo 391 de Cartagena y el Convenio 169 de la OIT .
Estos experimentos atentan directamente contra el conocimiento tradicional de los pueblos amazónicos y amenazan la supervivencia de las comunidades que ancestralmente han habitado la Amazonía. La utilización de patógenos de la coca afecta directamente el saber y cosmovisión de los pueblos que milenariamente la han considerado una planta sagrada.
Es urgente rechazar unánimemente la experimentación y prueba de armas biológicas en la Amazonía, se debe clamar por la búsqueda de alternativas concertadas y participativas para la erradicación y sustitución de la coca, que no pongan en riesgo la vida en el planeta y que fortalezcan las salidas pacíficas con las comunidades locales.
Las acciones que se implementan en el marco del Plan Colombia llaman al rechazo al uso de agentes biológicos y debe comprometer éticamente a los países en la protección de la vida como principio básico.
Así mismo, se debe reflexionar sobre las implicaciones de la biotecnología y el uso de los recursos genéticos en ecosistemas vitales para la humanidad.
Fundación
Zio Ai
Asociación Latinoamericana
para los Derechos Humanos ALDHU
Enero del 2001
El escalonamiento del conflicto armado en Colombia y las fumigaciones de las plantaciones de coca en el sur del país generan graves consecuencias para los pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana.
El Pueblo Cofán habita en el departamento del Putumayo, principal centro de las acciones de erradicación de cultivos de coca y zona en disputa entre paramilitares y guerrilla. En medio del conflicto, los Cofanes decidieron, bajo la guía de las autoridades tradicionales, elaborar un Plan de Vida que les permita vivir en paz y armonía consolidando su organización y fortaleciendo el conocimiento de su pueblo.
Este sabio y pacífico pueblo recibió un duro golpe el pasado 3 de enero, cuando fue asesinado PABLO EMILIO DIAZ QUETA Subdirector de la Fundación de Autoridades Tradicionales ZIO-A'I "Unión de Sabiduría". Este atroz crimen se cometió en el municipio de San Miguel por grupos armados presuntamente paramilitares. Pablo recibió varios disparos en la cabeza y posteriormente fue arrojado al río San Miguel. Luego del cruel asesinato, su familia fue amenazada y obligada a huir de la región, engrosando la lista de mujeres, ancianos, niños y hombres desplazados de su territorio por el recrudecimiento de las acciones bélicas contra los líderes de las comunidades.
Pablo era un indígena Cofán, nacido hace 27 años en el seno de la comunidad de Santa Rosa de Sucumbíos, territorio ancestral del pueblo Cofán en el departamento del Putumayo. Hijo de Taita Diomedez Díaz y de la Abuela Ofelia Queta, ambos mayores y conocedores la ciencia milenaria del yagé. Desde su infancia los mayores, particularmente su padre y su tío Taita Querubín Queta Alvarado, máxima Autoridad Tradicional del pueblo Cofán vieron en él un don o una vocación especial que orientaron para que siguiera el aprendizaje espiritual, lo cual lo llevó a ser nombrado subdirector de la Fundación de Autoridades Tradicionales, creada por iniciativa de los mayores y orientada a buscar alternativas de paz, de solución al conflicto que se vive en la región y para garantizar la supervivencia física y cultural de las 18 comunidades asentadas en la región del Valle del Guamuéz y San Miguel.
La muerte ha tocado por segunda vez al Pueblo Cofán en menos de dos meses. El 26 de diciembre del 2000, fueron asesinados presuntamente por paramilitares, el exgobernador del Cabildo Indígena HENRY PASCAL, miembro de la Mesa Permanente de Trabajo por el Pueblo Cofán y su esposa LIDIA QUETA CRIOLLO, quien tenía cuatro meses de embarazo.
La Mesa Permanente fue creada bajo el pensamiento y orientación de las autoridades tradicionales. Está conformada por los Taitas o Curacas, los gobernadores y un delegado de cada comunidad COFAN, así como dos delegados de los Cabildos Indígenas no Cofanes del Valle del Guamuéz. Esta organización es una organización propia del pueblo Cofán, que recoge el sentido y pensamiento de los Cofanes y lucha por la recuperación del territorio y el rescate de la identidad cultural de los pueblos indígenas.
Hoy los miembros de esta Mesa están amenazados pese a que reiteradamente se han declarado neutrales frente a un conflicto ajeno que llena de sangre y dolor su territorio.
Como si el dolor de la muerte no fuera suficiente, los Cofanes fueron víctimas de las fumigaciones contra cultivos ilícitos. Entre el 22 de diciembre del 2000 y el 5 de enero del 2001 fueron fumigados los territorios de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, ubicados en los Municipios del Valle del Guamuéz, y San Miguel, Departamento del Putumayo. Como consecuencia de las fumigaciones, se desplazaron hacia la selva y al vecino país de Ecuador cerca de 80 familias de las comunidades de Yarinal, San Marcelino y Santa Rosa de Sucumbíos - El Diviso.
Estos hechos sorprenden a este pueblo que desde hace dos años desarrollaban un proceso pacífico de concertación con el Estado. Para la ejecución del "Plan de Vida" se pactó la erradicación manual y voluntaria del 100% de los cultivos ilícitos. Sin embargo, con las fumigaciones de cuatro comunidades fueron arrasados los cultivos tradicionales plantas medicinales, entre ellas la planta sagrada del yagé y los estanques piscícolas, ocasionando graves problemas de salud especialmente en los niños. Estos hechos ponen en peligro el proceso de paz y de concertación que traemos con el Estado para desarrollar el Plan de Vida del Pueblo Cofán, propuesta presentada para que el Estado responda ante los impactos producidos por las obras y acciones desarrolladas en el territorio Cofán.
Las comunidades afectadas por las fumigaciones fueron:
- NUEVA ISLA. Comunidad Cofán del Municipio del Valle del Guamuez, intervenida el 22 de diciembre de 2000 a las siete de la mañana. La fumigación afectó la totalidad de los cultivos tradicionales y el alimento para 32 familias. Se fumigaron los cultivos de yuca, plátano, maíz, frutales y además, fumigaron el galpón de gallinas, los estanques piscícolas, el jardín botánico medicinal utilizado por el Taita Emiliano Queta para curaciones. Finalmente el avión sobrevoló y fumigó las casas de habitación, acabando con las posibilidades de comida para las familias y los jardines familiares aledaños a las viviendas.
- SANTA ROSA DEL GUAMUEZ. La comunidad Cofán del Municipio de Valle del Guamuez fue intervenida el 6 de enero de 2001. Las 755 hectáreas del resguardo fueron fumigadas en su totalidad, arrasando no sólo con los cultivos de coca sino con nuestros cultivos tradicionales, sustento alimenticio para 50 familias, los jardines botánicos, los estanques piscícolas y los zoocriaderos.
- NUEVO HORIZONTE. La comunidad Pasto del Municipio del Valle del Guamuéz fue intervenida del 1 al 4 de enero de 2001. Se fumigaron los cultivos tradicionales, sustento alimenticio para 24 familias.
- TIERRA LINDA. Comunidad Paéz del Municipio del Valle del Guamuéz. Fue intervenida desde el 22 de diciembre de 2000 hasta el 5 de enero de 2001. Fumigaron la totalidad de los cultivos tradicionales, sustento alimenticio para 32 familias, los jardines medicinales y los potreros. Contamos con los testimonios y las imágenes del desastre que las fumigaciones dejaron en nuestra comunidad.
La agudización del conflicto, las fumigaciones y la muerte amenazan al Pueblo Cofán afectan el medio ambiente y ponen en riesgo la supervivencia del conocimiento milenario que ha garantizado la sostenibilidad de la Amazonía.
Hoy, el Pueblo Cofán clama por su derecho a vivir en paz, por el respeto sus territorios y la protección a sus vidas.
La Aldhu hace un llamado urgente a la solidaridad internacional y llama a la reflexión sobre las consecuencias del conflicto colombiano para los pueblos indígenas y la enorme pérdida para la humanidad significaría la desaparición de habitantes milenarios de la selva. El asesinato selectivo de líderes y autoridades espirituales son un gran golpe para un pueblo que lucha por mantener su cultura, sus territorios y su vida.
el drama del desplazamiento forzoso en Colombia
Asociación
Latinoamericana de Derechos Humanos
Octubre , 2000
El desplazamiento en Colombia es un problema de enormes dimensiones. En los últimos años han sido desplazados de sus tierras cerca de dos millones de personas, uno de cada cuarenta colombianos se encuentra en situación de desplazado, 53% de la población desplazada son mujeres y el 55% son niños y niñas menores de 18 años (412.500 menores de edad), el destino final del 86% de estos niños y niñas son las zonas marginales y los cordones de miseria de las grandes ciudades.
Esta dramática situación es resultado del conflicto interno que vive el país. Los principales factores que generan el desplazamiento de la población civil son la guerra entre los actores armados. Los paramilitares provocan el 33% del desplazamiento, la guerrilla el 29%, las fuerzas militares y la policía el 16%.
"El Plan para la Paz, La Prosperidad y El Fortalecimiento del Estado", o Plan Colombia, cuyo costo asciende a 7.479 millones de dólares, destina 134 millones de dólares para la atención a desplazados, apenas el 8.6 %, frente al 64.3% dedicado a las acciones militares y de fumigación.
El Plan Colombia aumentará drásticamente las cifras de desplazamiento, básicamente porque agudiza la guerra en el sur del país con el fortalecimiento militar (helicópteros, bases militares y entrenamiento), y, por las fumigaciones masivas y el uso de armas biológicas en la región amazónica (en la que se concentran los cultivos ilícitos y operan las Farc).
Ante la inminencia de las acciones bélicas y las fumigaciones, el desplazamiento se está incrementando y se prevé una crítica situación humanitaria.
Los impactos de esta enorme inyección de dinero en la guerra serán: la muerte, desplazamiento, destrucción, pobreza, desarraigo, catástrofes ambientales incalculables, expansión del conflicto hacia y más allá de las fronteras, polarización de la población civil hasta ahora neutral.
Zonas de Impacto
La región objetivo del Plan Colombia es la Amazonía Colombiana, particularmente los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo.Este último es el lugar más violento del país, (más de la mitad de las personas que mueren en Putumayo son víctimas de asesinato). La situación del Putumayo es crítica pues las fumigaciones afectan más del 60% de los municipios. Las zonas de cultivos industriales como el Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Asís son las más densamente pobladas y por lo tanto el desplazamiento será masivo. Sólo por las fumigaciones se calcula que cerca de doscientos cincuenta mil personas se desplazarán de Caquetá, Guaviare y Putumayo.
En los últimos meses se inició el éxodo de población hacia los centros urbanos del departamento, principales ciudades del país y poblaciones de frontera en territorio ecuatoriano.
El desplazamiento tiene tres tipos de rutas: las ciudades y centros poblados, lugares selváticos y a los países fronterizos.
A las ciudades se dirigen principalmente mujeres jefes de hogar que buscan salud y vivienda que asegure la supervivencia de los hijos y la atención humanitaria básica para la familia. Para las mujeres, niños y ancianos esta migración es permanente pues son familias desprotegidas que huyen de la guerra, y no pretenden regresar a las zonas en conflicto.
Hacia la selva se desplaza la población campesina que lucha por recomponer su economía y condiciones rurales de producción, con el fin de colonizar otros territorios y fundar nuevas fincas. Este desplazamiento no se registra ni hace parte de las estadísticas, pues la dinámica de movilización es silenciosa y dispersa.
El desplazamiento en las fronteras especialmente hacia Ecuador, se presenta por la cercanía, vías de acceso y seguridad. Los vínculos comerciales y familiares, las posibilidades de ayuda y la tranquilidad del país.
Desplazamiento de Población indígena
El desplazamiento produce impactos severos sobre la organización social y cultural de los pueblos indígenas. El abandono forzoso de sus territorios tradicionales produce una fuerte desestructuración psicológica individual y familiar.
El desplazamiento indígena cubre dos rutas: los centros poblados y las áreas selváticas. A los primeros acuden los pueblos cuyos territorios han sido reducidos y aislados por la avanzada colonizadora, por la guerra y la ocupación de los actores armados de sus territorios.
En las ciudades muchos indígenas, debido al escaso dominio del español y de los códigos de convivencia en el espacio urbano, se convierten en mano de obra no calificada en la construcción y otros quehaceres de baja remuneración, para los más afortunados, los que no, se han convertido en limosneros y mendigos.
Las comunidades que se desplazan dentro de la región tienden a hacerlo en grupos que buscan comunidades con vínculos familiares o culturales que las acojan temporalmente.
En las áreas selváticas se refugian los grupos que buscan restablecer su economía de subsistencia y sus condiciones socioculturales. Estos se internan en la selva, como mecanismo de protección y supervivencia. El registro de estos desplazamientos es prácticamente inexistente pese a que se movilizan comunidades enteras. Estas movilizaciones son lentas y cautelosas como una estrategia de supervivencia de los pueblos amazónicos.
Las rutas del desplazamiento
El desplazamiento indígena hacia las grandes ciudades y centros poblados son:
Hacia Bogotá como punto final del desplazamiento y último recursos para la población indígena y campesina que busca refugio. Ciudades como Villavicencio, Neiva y Pasto son lugares de llegada de desplazados que tienen vínculos familiares. Allí se establecen familias indígenas y campesinas provenientes de Guainía, Guaviare y Vaupés que se movilizan por vías terrestres o fluviales. Mientras que Neiva y Pasto reciben a los desplazados del Caquetá y Putumayo.
Centros urbanos de la región amazónica colombiana como Florencia y Mocoa son receptores de desplazados. Allí se localizan familias de Caquetá y Putumayo con intenciones de retornar a sus lugares de origen en caso de que las hostilidades entre los grupos armados disminuyan.
Hacia las fronteras de Brasil, Venezuela y, especialmente, Ecuador se desplaza población con vínculos familiares o étnicos (hacia lugares que ofrecen tranquilidad y seguridad). Hacia Ecuador se dirigen los Cofanes, a Brasil los Ticunas y a Venezuela los Curripacos.
El éxodo masivo provoca sobre todo marginalidad y pobreza, degradación de la calidad de vida de las personas; el anonimato y el terror provocan desarraigo y pérdida de referentes, agudizando las condiciones que de una u otra forma son el origen de la violencia en Colombia.
La invisibilidad del desplazamiento indígena y campesino es evidente y hace más dramática la situación de pueblos enteros atrapados en un conflicto ante el cual se han declarado abiertamente neutrales.
El aislamiento de las comunidades indígenas no sólo es físico por las dificultades de acceso y la distancia hacia sus territorios, sino es también político, presupuestal, social y de interlocución porque han sido intensionálmente desconocidos en las negociaciones de paz interna en Colombia y de las consideraciones en las mesas de donantes que aportan dinero para un Plan de Guerra del que son las principales víctimas.
La guerra atenta contra los pueblos indígenas
Asociación
Latinoamericana para los Derechos Humanos ALDHU
Noviembre 2000
El escalonamiento del conflicto armado en Colombia atenta contra los pueblos indígenas, en particular con los pobladores ancestrales de la Amazonía. Los graves hechos de la guerra sucedidos en los departamentos amazónicos de Caquetá y Putumayo amenazan las supervivencia de los pueblos indígenas, representando un etnocidio sin precedentes en la historia reciente del país.
En el departamento del Putumayo la agudización del conflicto armado ha llevado a enfrentamientos abiertos entre paramilitares y guerrilla, amenazando a las comunidades campesinas y pueblos indígenas de la región. El bloqueo por el paro armado iniciado el 24 de septiembre del presente año, impide el suministro de alimentos, medicamentos y bienes esenciales a las poblaciones que se encuentran aisladas en medio del conflicto.
La guerra afecta a toda la región, pero particularmente a los municipios del sur, fronterizos con Ecuador (Orito, Valle del Guamuez y San Miguel), lo que incrementa el desplazamiento hacia este país. Las acciones bélicas atentan contra la seguridad de los habitantes de la zona en conflicto y producen el "embolsamiento" de las comunidades aisladas en medio de la guerra y del bloqueo total de las actividades en la región. Como resultado de este "embolsamiento", se tiene desabastecimiento de medicinas, alimentos y bienes básicos para la supervivencia, no hay libre movilización en el territorio y se tienen víctimas del fuego cruzado .
La guerra afecta directamente a los veintitrés mil indígenas que habitan en la región y transgrede los 1,237 km2 reconocidos por la legislación colombiana como resguardos indígenas. La agudización de la guerra en los últimos meses en el sur del Putumayo coincide con territorios indígenas cofanes, sionas e inganos, lo cual afecta la identidad cultural de los pueblos, amenaza la supervivencia de sus habitantes y pone en riesgo a las autoridades tradicionales (taitas y shamanes) cuyo conocimiento ancestral es desconocido por los actores armados y debilitado por la guerra.
La crítica situación de los pueblos indígenas amazónicos colombianos se evidencia también en el departamento del Caquetá. Los seis mil trescientos indígenas que han sobrevivido a la evangelización, la extracción de caucho y la destrucción de su entorno, enfrentan la retención y asesinato de sus líderes, el reclutamiento forzoso y la guerra en sus territorios.
Dos líderes de las organizaciones indígenas zonales han sido asesinados y otros se encuentran amenazados. El más reciente hecho contra los movimientos indígenas sucedió el pasado 7 de octubre fue retenido por el frente 48 de las FARC, el Secretario General de la Organización Indígena de la zona ORUCAPU (Campo Elías Gómez Ibañez).
Además se conoce una lista de cuatro líderes amenazados entre los que se encuentra Martín Bolaños, Presidente del Consejo Indígena del Orteguaza Medio Caquetá CRIOM, una de las más importante organizaciones de la zona. De esta lista han sido asesinadas dos personas y se teme por la suerte de las otras amenazadas.
Todos estos hechos son una clara muestra de la amenaza latente sobre la vida de los habitantes de la región y prueban que existe la agudización de la guerra y del atentado sobre los pueblos indígenas amazónicos, víctimas directas del conflicto.
El aislamiento de las comunidades, su forzamiento a participar en el conflicto, la escasez de alimentos, las amenazas, las retenciones y los asesinatos son un costo que los pueblos indígenas pagan en una guerra en la que se han declarado neutrales.
El creciente irrespeto a la integridad de los territorios indígenas y la constante violación de los derechos humanos, amenaza la supervivencia de los pueblos indígenas. Ante esta situación la humanidad enfrenta la desaparición de los pobladores milenarios de la selva, de su conocimiento y sabiduría, sin que siquiera se haga visible el etnocidio que está llevándose a cabo en medio del conflicto interno colombiano.
las fumigaciones en Colombia: amenaza para la Amazonía y sus pueblos indígenas
Asociación
Latinoamericana de Derechos Humanos, ALDHU
Septiembre,
2000
El Plan Colombia tiene como uno de sus principales objetivos la erradicación de los cultivos de coca, los cuales en su mayoría se encuentran en la Amazonía Colombiana. El 64,3% de los recursos del Plan Colombia se destinan a la lucha antinarcóticos mediante operaciones del ejército y la policía nacional, interdicción e inteligencia militar .
Con la instalación de bases, entrenamiento de oficiales y despliegue militar se incrementaran sustancialmente las fumigaciones con herbicidas químicos sobre las plantaciones de hoja de coca y amapola, y justifican la intervención en territorios de dominio de la guerrilla.
Dentro del Plan Colombia se estableció la meta de erradicar el 50% de los cultivos ilícitos para el 2005, lo que significa que serán fumigadas más de 60.000 hectáreas de hoja de coca. De las 120.000 hectáreas de hoja de coca existentes en el país, se calcula que el 90% se encuentra en la Amazonía, concentradas básicamente en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare.
Durante la década del noventa se ha utilizado las fumigaciones como método de erradicación forzoso, mediante el uso de glifosato que es un herbicida altamente tóxico, que en altas concentraciones es mortal para el ser humano y nocivo para los ecosistemas, lo que se agrava por la aspersión masiva.
Entre 1994 y 1999 se fumigaron 240.000 hectáreas de coca y amapola con más de dos millones de litros de glifosato (2.438.336) . Pese a estas acciones no se ha disminuido el área de cultivos ilícitos sino que, por el contrario, estas se han casi triplicado y la problemática asociada a esta actividad se ha ampliado a nuevas áreas en la Amazonía. Entre 1996 y 1998 las fumigaciones intensivas en el Guaviare derivaron en la expansión de cultivos hacia el Putumayo, con un crecimiento del 330% en el mismo período.
Los nefastos impactos socioculturales y ambientales de las fumigaciones se manifiestan en la pérdida de los cultivos de subsistencia de la población, afectando la seguridad alimentaria; contaminación de aguas y bosques y desaparición de la biodiversidad; desplazamiento de miles de campesinos e indígenas y empobrecimiento de la población en general.
En estas condiciones el millón de personas que ocupan la región se enfrentan a un grave proceso de desarticulación social, de violencia, contaminación ambiental, degradación productiva de la tierra y desplazamiento forzoso.
Los ciento veinte mil indígenas que habitan la región son los principales afectados tanto por el establecimiento de cultivos ilícitos, como por las acciones de fumigación de herbicidas en sus territorios y zonas de influencia (el 48% de los 40 millones de hectáreas de la Amazonía Colombia son territorios indígenas). Los mayores impactos se expresan en la desintegración social, pérdida de identidad cultural, de autonomía de las autoridades indígenas y, en especial, la desaparición paulatina de su entorno natural, lo que se constituye en el ecocidio.
Los 58 pueblos indígenas de la Amazonía, en todo este proceso, son los principales afectados. Han perdido sus territorios por la colonización y la guerra, su tradición ha sido alterada por la avanzada de la colonización. Son víctimas de los actores armados de uno y otro bando (paramilitares, guerrilla, ejército y delincuencia común), siendo desplazados de su territorio o involucrados en el conflicto.
Las fumigaciones amenazan a todos los pueblos amazónicos por el establecimiento de cultivos ilícitos en sus territorios; lo que genera mayor deforestación y pérdida de su autonomía territorial.
La humanidad se enfrenta a la pérdida del conocimiento y sabiduría de estos pueblos que han habitando ancestralmente la Amazonía. La agudización del conflicto acelerará el proceso de extinción de las culturas amazónicas, trascendiendo las fronteras de la guerra en Colombia para extenderse a todos los pueblos de la Cuenca Amazónica.
En términos ambientales, las fumigaciones indiscriminadas amenazan directamente a más de 150.000 hectáreas de bosques de la Amazonía y Orinoquia que podrán ser devastadas. Las estimaciones indican además que si el ritmo de fumigaciones permanece en los índices actuales, es decir, más de 30.000 hectáreas al año, hasta el año 2015 podrían estar comprometidas más de dos millones de hectáreas de bosques tropicales, que son reconocidos mundialmente por su megadiversidad en especies vegetales, animales y de ecosistemas.
La pérdida de la biodiversidad amazónica, cuyo potencial es aun desconocido, afecta a la humanidad entera. La variedad de especies y de ecosistemas la hacen altamente vulnerable ante las fumigaciones y utilización de mecanismos de control biológico.
El futuro de Colombia y de la Amazonía, de los pueblos indígenas y campesinos no debe debatirse en la guerra. Las acciones contra el narcotráfico deben comprometer a los países implicados en el consumo y no sólo a los productores cuya población pobre acude a esta actividad para garantizar su supervivencia. La erradicación de los cultivos debe considerar mecanismos de erradicación manual o mecánica, concertados con las comunidades involucradas en esta actividad y con la generación de alternativas reales de sustitución.
Las acciones de interdicción y guerra en la Amazonía se constituyen en una grave amenaza para el mundo, pues se pone en riesgo uno de los principales ecosistemas globales y a la diversidad cultural de los pueblos que allí se encuentra.
El mundo debe hacer votos por el futuro de la paz, la construcción de sueños globales en donde el sentido de la vida esta en la riqueza de las culturas y la biodiversidad. Este, debe ser el compromiso de los habitantes de un planeta posible. No intentar hacer algo es condenarnos a repetir las miles de historias de muertes y desesperanza con que los hijos de nuestros hijos nos han de recordar
plan Colombia: dinero para la guerra
Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, 2000
Desde 1998 el gobierno colombiano inició negociaciones de paz con la principal fuerza guerrillera, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, que controla buena parte del territorio nacional, en particular la región amazónica colombiana. Como principal iniciativa en este proceso, el presidente Pastrana lanzó la propuesta de conseguir recursos internacionales para la reconstrucción del país, el fortalecimiento social, económico y de inversión en infraestructura para las regiones de mayor conflicto. En principio, este proyecto se denominó "Plan Marshall", posteriormente "Plan Pastrana" y, finalmente, "Plan Colombia".
Este Plan Colombia, que en principio se orientaba a la inversión social y la reconstrucción del país, al asumir todas las condiciones impuestas por el mayor donante, Estados Unidos, se tornó en un Plan de Guerra, cuyas principales cifras se destinan al fortalecimiento de las fuerzas armadas colombianas y la erradicación de los cultivos de hoja de coca, presentes en gran parte del territorio controlado por las FARC.
El Congreso norteamericano aprobó un paquete de ayuda de U$1600 millones, con condicionamiento para la expansión de las operaciones antinarcóticos en el Sur de Colombia, mediante el entrenamiento militar y equipamiento de dos nuevos batallones. Bajo este programa se suministrarán 30 helicópteros Blackhawk y 33 helicópteros Huey para apoyar las acciones de erradicación en la Amazonía Colombiana.
Para controlar el tráfico aéreo en Colombia y en toda la región se incrementarán las acciones de inteligencia, con el apoyo de las instalaciones operativas de los Estados Unidos en Manta, Ecuador.
El énfasis militar de esta ayuda pone de manifiesto el contenido bélico del Plan Colombia y la grave crisis que desatará en el país y en especial en la región Amazónica.
En cuanto a la lucha antinarcóticos, la aprobación de los 1.600 millones de dólares del paquete de ayuda del gobierno norteamericano, se condicionó a la erradicación de 60.000 hectáreas de cultivos ilícitos antes del 2.005 "A través de una combinación de programas de desarrollo alternativo; erradicación manual; aspersión aérea de herbicidas químicos; pruebas de micoherbicidas ambientalmente seguros y la destrucción de laboratorios para el procesamiento de narcóticos ilegales en territorio colombiano". Ley HR4425 (capítulo 2 sección 3201) condiciones de asistencia para Colombia. Julio 13 de 2000.
Estas pruebas de agentes biológicos, irresponsablemente impuestas, dentro de lo que se pensó como un "plan para la paz", no es más que la legitimación del uso de armas biológicas contradice todos los principios y argumentos utilizados contra el inicio de una fase de guerra química y biológica en el planeta.
Las cifras del Plan Con un costo aproximado de 7.500 millones de dólares, el Plan Colombia espera ser financiado, hipotéticamente, con recursos del Presupuesto Nacional, la Comunidad Económica Europea, los Estados Unidos y la banca multilateral.
Hasta ahora para la financiación del Plan se cuenta con el paquete aprobado por los Estados Unidos (1.600 millones de dólares), más US700 millones de crédito externo y escasos US200 millones que esperan ser recaudados con bonos de paz. Para los otros 5.000 millones se busca la financiación de la comunidad internacional, en especial de la Comunidad Económica Europea.
Para responder con la contrapartida del gobierno colombiano en el Plan Colombia se están comprometiendo todos los recursos de inversión del Estado, es decir la inversión social y económica se destinará para la guerra. Esto es evidente al observar que el 64,3% de los dineros van para las acciones militares y sólo el 7,22% son para el proceso de paz.
El análisis de los componentes del Plan muestran lo siguiente:
distribución
de recursos del Plan Colombia
fuente:
Plan Colombia juego de máscaras
Observatorio para la Paz, junio del 2000
Bajo esta situación se agudizará el conflicto colombiano. Los impactos de la guerra serán la muerte, el desplazamiento y la destrucción. La polarización de los actores que se vive empieza a ocasionar el desplazamiento de población y se busca involucrar a los civiles en el conflicto.
componentes del Plan Colombia
| Componentes |
Millones de | (%) |
dólares |
||
| Lucha antinarcóticos | 4,81 | 64.3 |
| Ejercito y policía | 4,351 | 90.5 |
| Interdicción | 319 | 6.6 |
| Inteligencia militar | 140 | 2.9 |
| Reactivación económica | 486 | 6.5 |
| Asistencia técnica económica | 79 | 16.3 |
| Generación empleo | 407 | 83.7 |
| Reforma a la justicia y DH | 572.5 | 7.7 |
| Defensa Derechos humanos | 50 | 8.7 |
| Mecanismos anticorrupcion | 3.5 | 0.6 |
| Modernizacion judicial | 519 | 90.7 |
| Democratización y Dllo Social | 1,556 | 20.8 |
| Dllo alternativo y protección ambiental | 748 | 48.1 |
| Fortalecimiento gestion local | 70 | 4.5 |
| Obras de infraestructura | 125 | 8.0 |
| Asistencia grupos vulnerables | 479 | 30.8 |
| Atención a desplazados | 134 | 8.6 |
| Proceso de paz | 54 | 0.7 |
| Total | 7,479 | 100 |
Putumayo: la complejidad del conflicto colombiano
Asociación
Latinoamericana para los Derechos Humanos ALDHU
Abril del 2001
En los últimos meses, el departamento del Putumayo ha estado en el centro de las preocupaciones nacionales e internacionales por la evolución del conflicto armado colombiano y la agudización de sus impactos sobre la sociedad civil.Varios factores explican la crisis de la región:
Allí se encuentran el 50% de las ciento veinte mil hectáreas de coca que se calcula existen en el país; tiene una importante infraestructura y producción petrolera; es zona fronteriza con Ecuador y Perú; corredor de comunicaciones entre la Amazonía y el Pacífico, con lo cual se constituye en un área geoestratégica para los actores armados; tiene una alta presencia paramilitar y guerrillera; y allí se implementa la primera fase del Plan Colombia.
Con cerca de 300.000 habitantes esta región amazónica ha sufrido en los últimos meses el rigor del conflicto interno y de la implementación de la política antinarcóticos impulsada por el gobierno de los Estados Unidos para la reducción de la oferta.
Las masacres, los asesinatos selectivos, atentados a la infraestructura petrolera, tomas a los poblados, continuos enfrentamientos entre los grupos armados, paros armados y el desplazamiento de miles de personas hacen parte del crudo panorama que se vive en el Putumayo.
Las repercusiones de esta situación en la frontera con el Ecuador convierten a este departamento en una zona de atención de la comunidad internacional, dada la inminente amenaza de la regionalización del conflicto colombiano.
La compresión de la complejidad de la situación del Putumayo y la reflexión sobre las alternativas pacíficas y el fortalecimiento de la sociedad civil, son referentes fundamentales para la adecuada toma de decisiones de inversión y acción para la búsqueda de un futuro pacífico en la zona y en el país en general.
En este sentido, es necesario impulsar y apoyar las propuestas de las comunidades organizadas que han generado iniciativas pacíficas de sustitución de cultivos ilícitos y de integración social y económica al país nacional. Así mismo, se deben preservar y rescatar los "programas de desarrollo sostenible contenidos en los Planes Integrales de Vida de los Pueblos Indígenas de la región". La comunidad internacional tiene el compromiso histórico de preservar la integridad de estos pueblos que, basados en el conocimiento ancestral, han logrado preservar el ecosistema amazónico guardando una relación armónica con este entorno natural fundamental para la vida del planeta.
Presencia Paramilitar
Los grupos paramilitares han estado presentes en el territorio del Putumayo desde 1987 cuando el narcotráfico desarrollo una estrategia de protección dada la ruptura de los acuerdos con la insurgencia. Para la seguridad del narcotráfico, es fundamental contar con ejércitos privados que protegen las zonas de producción y procesamiento, no solo de las acciones antinarcóticos, sino de la delincuencia y las posibles confrontaciones entre carteles.
En el caso del Putumayo la situación que se presentó a inicios de la década del noventa, fue la sustitución de la seguridad prestada por la guerrilla, por grupos paramilitares que asumieron durante un periodo cercano a tres años el rol de protectores de la actividad ilegal del narcotráfico.
La presencia de los grupos de derecha generaron una ola de masacres y muertes selectivas que marcaron un periodo de terror que terminó hacia 1992. Esta iniciativa fue patrocinada por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha que controlaba la comercialización de cocaína en la zona. Luego de cerca de tres años de una cruel guerra por el control del territorio entre los grupos de derecha y guerrilla y tras la muerte de Gacha, la región entró en un relativo periodo de tranquilidad.
Posteriormente hacia 1996 se presentó la segunda y más fuerte arremetida paramilitar en la región, como parte de una estrategia política y militar de debilitamiento de la base social que amenazaba con fortalecer al movimiento guerrillero. En ese año, se realizó una movilización campesina sin precedentes en la Amazonía colombiana, como resultado del anuncio de las fumigaciones aéreas contra los cultivos de coca. Estas protestas aglutinaron a trescientos mil campesinos y recolectores de hoja que se levantaron durante dos meses.
El apoyo de la guerrilla a estas protestas y la movilización de alimentos y medicinas para los manifestantes, pusieron en evidencia la existencia de un proceso de deslegitimación del Estado y consolidación de las organizaciones sociales campesinas. Esto fue considerado como un grave riesgo para los grupos de derecha, ante el inminente crecimiento de la base social de la guerrilla.
Por esta razón, las marchas campesinas de 1996 fueron el inicio de una nueva arremetida paramilitar en la región. Como una reacción ante la posibilidad de la consolidación de una base social de apoyo a la guerrilla los paramilitares implementaron una nueva estrategia de lucha contra contrainsurgente. Con base en la disputa de los territorios que generan los mayores ingresos a la guerrilla, por protección y seguridad de las plantaciones y laboratorios de coca , los paramilitares no sólo pretenden afectar la capacidad política y militar de las FARC, sino disminuir sus ingresos.
Además de la guerra frontal contra la guerrilla, los paramilitares consolidan su presencia en el territorio mediante la intimidación de la población y el exterminio de líderes que son señalados como colaboradores de las FARC.
Una de las principales consecuencias de esta nueva etapa de la presencia paramilitar en la región, fue el asesinato y "destierro" de los principales líderes del movimiento campesino, quienes fueron amenazados y exterminados durante el año siguiente a las protestas. Cabe destacar que los únicos líderes sobrevivientes de las marchas fueron quienes optaron por incorporarse a la guerrilla como mecanismo de protección ante las amenazas de los paramilitares.
Desde 1996 los paramilitares realizan operaciones sistemáticas en varias localidades como Puerto Asís y La Hormiga, estableciendo en las cercanías de estas ciudades sus comandos de operación (ubicados en haciendas) desde donde coordinan y ejecutan el control sobre la población de la zona, así como de aquellos que se desplazan hacia y desde la región. (Ver Mapa 1).
En la localidad de El Tigre (Valle del Guamuéz) en enero de 1999, veintiséis personas fueron asesinadas personas y catorce desaparecieron después de una operación coordinada en la que participaron cerca de 120 paramilitares, que se desplazaban libremente en varios vehículos por las carreteras y poblados de la región. En noviembre de 1999, fueron masacrados en el Valle del Guamuéz, cerca de 54 campesinos y en lo corrido del 2000 se presentaron masacres en los poblados de El Placer, San Miguel y fueron asesinados líderes de organizaciones sociales. Estos hechos constituyen el principal factor de desplazamiento de población hacia zonas selváticas y la frontera con el Ecuador.
En la actualidad los paramilitares operan principalmente en el sur del departamento. Desde esta zona realizan acciones en Orito, Guamuéz, Puerto Asís y controlan la movilización de la población hacia la capital Mocoa. La ubicación de esta base resulta estratégica dado que permite el control aéreo y fluvial de las personas que se movilizan en la zona dado que el único aeropuerto de la región se encuentra localizado en Puerto Asís y que a través del río Putumayo se accede al sur. (Ver Mapa 1).
mapa 1
La presencia paramilitar generó una nueva fase del conflicto armado y de la lucha territorial con la guerrilla, al punto que las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC se interrumpieron dada la exigencia de los insurgentes ante el Estado de un mayor control y represión contra los grupos paramilitares. En el ámbito social y económico, los impactos de la agudización de la guerra fueron evidentes: inmensas pérdidas económicas como consecuencia del paro armado miles de desplazados, cientos de personas amenazadas y líderes sociales asesinados.
Con varios años de operaciones en el Putumayo, los paramilitares han consolidado su presencia ejerciendo control sobre Puerto Asís que representa la mayor zona urbana y el epicentro de actividades sociales y económicas del departamento. Pese a las reiteradas denuncias por la presencia del comando paramilitar en una Hacienda cercana a Puerto Asís, al aeropuerto donde opera la Policía Antinarcóticos y a una base militar, no se ha controlado su accionar ni se han realizado acciones que permitan su control.
La historia paramilitar en el Putumayo ha sido cruenta, con operaciones selectivas y ejemplarizantes para una población que se debate entre el terror. A pesar de esto, existen iniciativas locales que buscan nuevos caminos de paz y de consolidación del proyecto de vida de los campesinos y pueblos indígenas.
Guerrilla
La guerrilla opera en la zona desde finales de la década del setenta. Su mayor crecimiento se presentó en los años ochenta cuando los cultivos ilícitos permitieron su consolidación económica, con la consecuente expansión numérica y territorial.
Con tres frentes permanentes en el Putumayo y el apoyo de los existentes en Caquetá y Nariño, las FARC son la fuerza insurgente que ejerce presencia activa en extensas áreas del territorio. Inicialmente la guerrilla estaba presente en el medio y bajo Putumayo, pero a través de una estrategia de ampliación y consolidación se extendieron las operaciones de los frentes existentes en apoyo de los que operan en otras zonas, lo que le permite la movilización en todo el departamento (Mapa 2).
mapa 2
En la Amazonía la acción del Estado se presenta débil dada la forma en que históricamente se han poblado estos territorios que han sido el lugar de llegada de campesinos expulsados del interior del país por la violencia, la pobreza y, en general, la exclusión de la sociedad nacional. A esto se suma el carácter de la ilegalidad de la principal actividad económica que sustenta la economía de estas áreas, con los que se conjugan varios factores que atentan contra la legitimidad del Estado. Adicionalmente, las fumigaciones áreas contra los cultivos de coca y el irrespeto a los acuerdos firmados entre el gobierno y los campesinos que se orientaban a la sustitución manual y voluntaria, han agudizado la incredulidad de la población civil ante las instituciones y los programas estatales.
Ante la débil presencia del Estado y dado el incremento de los cultivos ilícitos en la zona, la guerrilla se consolidó a tal punto que realiza acciones de gran envergadura como el pasado paro armado que paralizó durante más de un mes todas las actividades del departamento.
Las acciones de la guerrilla en el Putumayo han sido: hostigamientos y emboscadas a las fuerzas militares estatales, tomas de poblados, atentados contra la infraestructura petrolera, enfrentamientos con grupos paramilitares y reclutamiento.
La confrontación entre paramilitares y guerrilla ha llevado a la población civil al aislamiento y en algunos casos, al abandono de sus territorios por la presión para tomar posiciones de apoyo a uno y otro bando. Adicionalmente se ha generado un fenómeno de "encerramiento" de las comunidades, particularmente los pueblos indígenas, que ante la agudización del conflicto optan por aislarse en sitios selváticos o lugares cerrados como una estrategia de supervivencia y de ejercicio de neutralidad.
La metástasis de los cultivos ilícitos en la Amazonía
El narcotráfico ha sido un dinamizador de la violencia en Colombia. Los fracasos de las políticas de erradicación, la movilidad de los capitales asociados a esta actividad ilegal y la necesidad de encontrar alternativas económicas que sostengan la economía campesina en las zonas selváticas marginales de país, contribuyen a explicar la presencia de la coca en la Amazonía Colombiana.
Si bien inicialmente los países productores eran Bolivia y Perú, la movilidad del capital de narcotráfico y de la población vinculada al cultivo explican la metástasis de la producción que permitió el desplazamiento de las plantaciones hacia Colombia. Igual situación sucede con las fumigaciones, que ocasionan el traslado de los cultivos hacia áreas más aisladas dentro del mismo país, razón por la cual la erradicación forzosa termina siendo un dinamizador de nuevas plantaciones y de la expansión del problema de los cultivos ilícitos a otras zonas del país y de la Amazonía en otros países como Ecuador, Brasil y Perú, constituyéndose en una amenaza para la región y para el ecosistema.
De hecho, la dinámica de la producción de coca en la región andina ha mostrado la movilidad del narcotráfico en la región (ver gráfico 1) y la capacidad de mejorar la eficiencia en la productividad del procesamiento. Por una parte, los narcotraficantes movilizaron los cultivos a Colombia en la época en que la erradicación se centro en Bolivia y Perú, como una estrategia de concentración de todas las fases de producción: cultivo, procesamiento y distribución desde la Amazonía colombiana. De otro lado, las técnicas de transformación fueron mejoradas con lo cual se incrementó el porcentaje de alcaloide obtenido por cada hectárea de coca cultivada. (ver gráfico 2) .
gráfico 1
Si bien el número de hectáreas cultivadas en Bolivia y Perú disminuyeron, el comportamiento total de la producción no vario significativamente dado el incremento de los cultivos en Colombia.
gráfico 2
Para la erradicación de la coca en Colombia durante los últimos cinco años se usaron más de dos millones de litros de glifosato y gastaron más de 41 millones de dólares en la erradicación de cultivos de coca con una relación costo-beneficio extremadamente desventajosa y los resultados muy poco eficientes en la reducción de la oferta global de la hoja de coca .
En el periodo 1995 - 1999, se fumigaron 143.163 hectáreas de coca en Colombia. Durante el primer año del gobierno de Andrés Pastrana se fumigaron 51.309 hectáreas, con una clara tendencia a incrementarse en el marco del Plan Colombia. En este mismo lapso de tiempo en la Amazonía y Orinoquia, fueron fumigadas cerca de 65.927 hectáreas de coca , sin que el promedio total de la producción fuera afectada drásticamente.
En la actualidad el Putumayo es la principal zona productora de coca del país. El auge cocalero en el departamento se explica por el desplazamiento de los cultivos que estaban localizados en el Guaviare. En 1996 se inició una fase de fumigaciones con glifosato en Miraflores y otras áreas de producción en el departamento del Guaviare, que trajeron como consecuencia una estrategia de reubicación y desplazamiento de los cultivos a otras áreas de la Amazonía.
gráfico 3
En el caso del Putumayo, las plantaciones se establecieron en los municipios de Orito, Puerto Asís, San Miguel y Valle del Guamuéz, principalmente. Adicionalmente se encuentra un área de transformación de pasta básica en cocaína, en donde funcionan sofisticados laboratorios que requieren seguridad para asegurar las operaciones de acopio y transporte. (Mapa 3).
La ubicación estratégica del departamento facilita el transporte y distribución por el Pacífico y la conexión, a través de la selva, con las demás zonas productoras de coca de la Amazonía. Por esta razón, allí se concentra la lucha territorial entre grupos paramilitares y guerrilleros.
mapa 3
La política de erradicación de cultivos ilícitos ha generado en el Putumayo una creciente tensión e inestabilidad a la que se le suma la implementación de la primera fase del Plan Colombia en la región, con el incremento de la ayuda militar.
Como mecanismos para la búsqueda de alternativas pacíficas y concertadas para la eliminación de los cultivos de coca, se firmaron acuerdos entre campesinos y el Estado central para la erradicación gradual y voluntaria. En este contexto, se firmaron iniciativas como el "Pacto Social de Desarrollo Alternativo y Erradicación Voluntaria" y el acuerdo con los pueblos Cofanes del sur del departamento. Pese a estos acuerdos se han fumigado los territorios de estas comunidades, con lo cual se rompe la confianza en el gobierno y paralelamente, se debilita la posibilidad de encontrar caminos de paz con la participación de las organizaciones locales.
La propia Defensoría del Pueblo de Colombia, a través de la Resolución Defensorial No. 004 de Febrero 12 de 2001 corroboró los impactos de las fumigaciones, en especial en las áreas en las que se habían concertado la erradicación voluntaria con las comunidades:
"La comisión Interinstitucional conformada por la Defensoría del Pueblo, para investigar la veracidad de las denuncias realizadas por voceros indígenas, tras las fumigaciones aéreas en el Putumayo, corroboró la afectación producida por esta actividad en los municipios de Orito (Batería, Churuyaco), La Hormiga (Santa Rosa del Guamuez, Nueva Isla, Nuevo Horizonte, Miravalle, Las Vegas, Jordán Güisia), y San Miguel (Nueva Esperanza).
Las denuncias se refieren a los impactos causados por las aspersiones indiscriminadas de diciembre y enero, que afectaron tanto cultivos ilícitos como lícitos. Algunos de éstos, fruto de procesos de concertación con entidades del Gobierno.
La Comisión visitó la zona desde el 15 de enero hasta el 25 del mismo mes. Durante la investigación, se recorrieron 20 veredas en las que se tomaron testimonios, se recopiló información documental y se escuchó la problemática manifestada por los representantes de las respectivas administraciones municipales, referentes a las fumigaciones.
La Defensoría comprobó que la fumigación aérea de los meses de diciembre y enero, ocasionó graves daños a cultivos lícitos de 6 programas de desarrollo alternativo financiados por El Plante , 2 de Corpoamazonía, 1 de Umata y 3 de Naciones Unidas.
Con respecto al Plan Colombia y a los procesos de erradicación voluntaria, la Defensoría recibió denuncias según las cuales, en la inspección de Albania, municipio de Villa Garzón, el 20 de diciembre se firmaron actas de intención y el 8 de enero, se realizaron fumigaciones que afectaron los cultivos de pancoger.
Frente a estas denuncias, la Defensoría solicita claridad en el tratamiento que se le debe dar a las comunidades que han manifestado su voluntad de erradicar manualmente, pero que aun no han suscrito los pactos de erradicación que promueve el Gobierno dentro del Plan Colombia". (Informe Defensorial No. 1 de la Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente "Fumigaciones y Proyectos de Desarrollo Alternativo en el Putumayo" del 9 de febrero del 2001).
El incumplimiento de acuerdos, las fumigaciones indiscriminadas y la afectación de los programas de desarrollo alternativo atentan contra las posibilidades de consolidar los procesos de erradicación locales y, sobretodo, de fortalecer al Estado en la región.
Las víctimas
Las principales víctimas del conflicto es la población civil, entre los cuales se encuentran los pueblos indígenas que han ocupado ancestralmente el territorio. En el Putumayo existen cerca de 17.000 indígenas, 46 resguardos y comunidades con una extensión de 670 km2. Los pueblos que habitan la zona son: Awa, Coreguaje, Inga, Quechua, Pastos, Paéz, Embera, Siona y Cofán. Los dos últimos son los más afectados por la presencia de cultivos ilícitos y grupos armados en el sur del departamento .
Desde 1996, los miembros de las comunidades Inga, Coreguaje y Embera-Katio, que habitan las zonas altas del departamento, han sido objeto de represión sistemática por parte de los grupos armados a través de asesinatos de líderes, masacres y amenazas a varios de sus miembros y sus familiares. Los pueblos Cofán y Siona que habitan zonas de frontera entre Colombia y Ecuador están seriamente amenazados debido a las operaciones del ejército, guerrilla y paramilitares que se han registrado en los últimos años. Algunas de estas comunidades que habitan en el Ecuador han recibido un número elevado de personas refugiadas desde 1996, sobretodo grupos con vínculos familiares.
De otra parte, varios líderes han sido asesinados en el último año , comunidades enteras se han desplazado de sus territorios e incluso sus cultivos tradicionales fueron fumigados entre diciembre del 2000 y enero del 2001.
La situación del Putumayo ha sido tan crítica en los últimos meses que el número de desplazados a superado todos los cálculos y las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario han llegado al extremo. Múltiples masacres, asesinatos y amenazas ponen en evidencia la intensidad de la guerra sucia en la región que ha llegado al punto de presentarse el asesinato de un combatiente paramilitar herido mientras era transportado por la Cruz Roja, razón por la cual la asistencia humanitaria fue retirada del departamento.
El desplazamiento ha sido uno de los principales efectos del conflicto del Putumayo. Mediante una movilización a veces invisible, miles de campesinos e indígenas han huido de la violencia de la zona instalándose en los cordones de pobreza de las ciudades o internándose en la selva.
En general las rutas del desplazamiento del Putumayo son cuatro: a) hacia el interior del país a través de las vías que comunican con Nariño y el Huila, zonas de origen de la mayor parte de la población del departamento ; b) a las grandes ciudades como Bogotá; c) a las zonas selváticas del Caquetá y Amazonas; d) a la frontera con el Ecuador. (ver Mapa 4)
mapa 4
El desplazamiento no sólo ha afectado a ciudadanos colombianos sino a ecuatorianos que trabajaban en el Putumayo dados los altos ingresos que obtienen en la recolección de hoja de coca. Así mismo, pueblos indígenas del Ecuador fueron desplazados de su propio territorio por amenazas de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- por la supuesta denuncia de laboratorios móviles que fueron destruidos por las autoridades. Este hecho ocasionó el desplazamiento de más de 500 indígenas quichuas, que salieron de sus comunidades hacia Sucumbios con lo que se generó una crisis humanitaria en la zona por la precaria infraestructura existente para la atención de ecuatorianos desplazados, dado que no se preveía la movilización de nacionales dentro del país.
En la zona de frontera se ha generado una tensa situación. La agudización del conflicto entre guerrilla y paramilitares, los impactos de las fumigaciones de cultivos ilícitos, el contrabando de insumos químicos y armas, la creación de laboratorios móviles para el procesamiento del alcaloide, las incursiones de grupos armados en territorio ecuatoriano, las amenazas contra la infraestructura petrolera y vial , han sido el preámbulo de una crisis en el área.
Ante el riesgo de la expansión del narcotráfico hacia otros países de la región, el gobierno norteamericano propuso la implementación de una Iniciativa Andina que le permitirá a los Estados la inversión social en la zona y el fortalecimiento de sus ejércitos mediante compra de armamento y asesoría militar. Este tipo de iniciativas son una amenaza adicional al Plan Colombia, dado que no resuelve el problema global del narcotráfico, sino que estimulan la carrera armamentista en la región.
Los sucesos del último año han puesto en evidencia la grave situación de derechos humanos en el Putumayo. El número de homicidios es el más alto del país: cinco de cada diez personas que mueren en el departamento, son víctimas de la violencia. Los organismos de protección de la población, como la Cruz Roja internacional y la iglesia han sido objeto de acciones violentas. Miles de ciudadanos han sido desplazados, cientos de hectáreas de bosque y cultivos legales fueron fumigados y las propuestas pacíficas han sido obstaculizadas por la agudización del conflicto.
Ante esta situación es necesario comprender la complejidad de la crisis del Putumayo para generar propuestas integrales y graduales de paz. El respeto a los acuerdos e iniciativas ciudadanas es fundamental, mientras que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de impulsar proyectos de inversión social que fortalezcan los procesos comunitarios locales como la mejor forma de garantizar la reconstrucción del tejido social en la zona y la consolidación de los caminos de la paz en el medio y largo plazo.
Conclusiones
·El Putumayo concentra los principales problemas por los que atraviesa el país, razón por la cual las acciones orientadas a buscar salidas pacíficas deben ser integrales y articuladas a la complejidad del tratamiento al narcotráfico y al proceso de paz con los grupos insurgentes.
· Las implicaciones del Plan Colombia y la grave situación del departamento fronterizo del Putumayo requieren de acciones regionales alternativas a exclusiva intervención militar y las medidas represivas contra los pequeños productores de coca.
· Es urgente fortalecer acciones de control y desarticulación de los grupos paramilitares que operan en el país y en la región en particular.
· El seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de erradicación manual y gradual de cultivos ilícitos requiere de la participación de la comunidad internacional.
· Es fundamental fortalecer las iniciativas de la sociedad civil que ha elaborado propuestas como "el sur responde al Plan Colombia", las mesas ciudadanas de paz, el Pacto Social de Desarrollo Alternativo y Erradicación Voluntaria y los Planes de Vida de los Pueblos Indígenas; como mecanismos de apoyo a los procesos de reconstrucción del tejido social y de resolución de conflictos a nivel local, sobre la base de la participación de las comunidades involucradas.
· La vulnerabilidad de los pueblos indígenas requiere de especial atención de la comunidad internacional para preservar y asegurar la preservación de las culturas que ancestralmente han poblado la Amazonía.
· La fragilidad ambiental de la Amazonía convoca a la revisión de los impactos ambientales de las fumigaciones y demás iniciativas de erradicación forzosa. Las recientes declaraciones del Parlamento Europeo en la resolución del pasado primero de febrero son precedente para la reflexión de la comunidad internacional sobre la corresponsabilidad en el tratamiento del tema del narcotráfico y de la vulnerabilidad del ecosistema amazónico, vital para la humanidad y las generaciones futuras.
panorama general de la situación colombiana
Asociación
Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDHU
Agosto del 2000
En Colombia se vive un proceso de agudización del conflicto armado, representado por la presencia de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, el Ejército de Liberación Nacional ELN, los grupos paramilitares denominados Autodefensas Campesinas Unidas de Colombia ACUC y las fuerzas militares del país. Estos actores se encuentran en un conflicto que se remonta a más de 50 años, pero que en la actualidad se debate en medio de un proceso de paz iniciado hace dos años.
Desde 1998 el actual gobierno inicio negociaciones de paz con la principal fuerza guerrillera que controla buena parte del territorio nacional, en particular la región amazónica colombiana. Como principal iniciativa en este proceso, el presidente Pastrana lanzó la propuesta de conseguir recursos internacionales para la reconstrucción del país y para el fortalecimiento social y económico de las regiones en las que el conflicto se concentra. En principio, este proyecto se denominó "Plan Marshall", posteriormente "Plan Pastrana" y, finalmente, "Plan Colombia".
El Plan Colombia, que en principio se orientaba a la inversión social y económica, se tornó en un programa de fortalecimiento de las fuerzas armadas colombianas; de erradicación de los cultivos de hoja de coca, presentes en gran parte del territorio controlado por las FARC; de consolidación de la justicia y de atención a los desplazados que se originarían por las acciones militares y de erradicación.
Negociación y conflicto
Paralelo a las negociaciones que se realizan en un territorio del sur del país (Caquetá) que ha sido despejado por parte de las fuerzas armadas para tal fin, el gobierno nacional presentó el Plan Colombia al gobierno norteamericano para su financiación. El monto total del Plan es de U$7.500.000, de los cuales el gobierno norteamericano financiará U$1.300.000, con una destinación del 80% de los recursos para armamento y entrenamiento militar. Una propuesta alternativa para el Plan Colombia, se presentó a Europa con el objetivo de compensar las acciones militares apoyadas con la financiación de los Estados Unidos con un componente de inversión social.
Para la aprobación del Plan Colombia, el gobierno norteamericano puso como condición de la erradicación de las ciento veinte mil hectáreas de hoja de coca que se producen mayoritariamente en la Amazonía Colombiana y que, en parte, representan grandes ingresos para las FARC.
Bajo este supuesto la UNDCP (United Nations Drug Control Program) y el gobierno colombiano acordaron la utilización de otros métodos para la erradicación, diferentes a las fumigaciones que desde 1992 se han realizado sin que muestren eficacia. Para ello se propone la utilización de métodos de control biológico, que en primer instancia aluden a la aspersión del hongo fusarium oxysporum. Este hongo fue desarrollado y patentado por el científico y comerciante Stands, quien hace lobby para su aplicación en la selva amazónica colombiana.
La polémica desatada en el país por la utilización de este hongo derivó en la negativa del Ministerio del Medio Ambiente, representado por el ministro Juan Mayr, ante el uso del micoherbicida. Sin embargo, se abrió la puerta para la utilización de otros métodos de control biológico contra la coca los cuales serían desarrollados por investigadores colombianos mediante el ensayo de nuevas técnicas con insectos, hongos y microorganismos "ambientalmente seguros".
En estas condiciones, el Plan Colombia se convierte en una propuesta que agudizará la guerra en el sur del país con el fortalecimiento militar (helicópteros, bases militares y entrenamiento) y con el uso de armas biológicas, que bajo el supuesto de la erradicación, se aplicará a los pequeños productores de hoja de coca que habitan la región.
Es claro que no se están adelantando propuestas de paz, dado que no se han considerado opciones de eliminación del cultivo como la erradicación voluntaria y manual que los campesinos y cultivadores han propuesto, a cambio de alternativas de producción que garantice su supervivencia en la región.
Erradicación cultivos ilícitos
Colombia es el primer productor, transformador y comercializador de coca en el mundo. Hace mas de veinte años en el país se produce y comercializa la hoja de coca. En principio el cultivo se concentraba en Bolivia y Perú, pero con las estrategias de los carteles de la droga orientadas a concentrar en Colombia todas las etapas de la producción, el cultivo se extendió hacia las regiones periféricas donde la ausencia del Estado era evidente, mientras que la presencia de la guerrilla favorecía el establecimiento de los cultivos ilícitos. Así, los departamentos amazónicos de Guaviare, Caquetá y Putumayo se convirtieron en las regiones donde se cultiva la hoja.
Las cifras muestran el gran fracaso de las fumigaciones con glifosato como mecanismo de control al cultivo: de tener 41.200 hectáreas de coca en 1992, Colombia pasó a tener 122.000 has. en 1999. El efecto de las fumigaciones fue negativo en términos de control, pues además de aumentar el número de hectáreas, los cultivos se desplazaron hacia otras regiones como Caquetá y Putumayo. Este último departamento será el principal objetivo del Plan Colombia, por lo que se calcula el desplazamiento tanto de la población como de los cultivos sin que el problema de fondo se resuelva, sino por el contrario se agudizará.
Es importante señalar que en el país se han tomado iniciativas de sustitución de cultivos ilícitos. Desde 1990 se han invertido recursos nacionales e internacionales (PNUD, BID) en programas de producción alternativos. Sin embargo, estos han fracasado por la ausencia de mercados, centros e infraestructura para la comercialización e incapacidad de generar las condiciones de ingreso y movilidad que ofrece el mercado ilegal de la droga.
En 1996 cuando se presentó la mayor movilización campesina de la región, con cerca de trescientos mil manifestantes, en las denominadas marchas campesinas del sur del país, se presentaron propuestas para la erradicación manual del cultivo sin que se desarrollaran programas orientados a buscar caminos de negociación y concertación. Los líderes de este proceso fueron asesinados, otros engrosaron las filas de la guerrilla, se adentraron en la selva o simplemente salieron de la región.
De otra parte, hay que señalar que los campesinos que habitan la región fueron desplazados del interior del país por pérdida de sus tierras, violencia o desempleo, ubicándose en áreas periféricas aisladas de los circuitos de producción y de opciones de vinculación a mercados, de tal manera que la Amazonía se convirtió en la zona de colonización. En esta lógica, las propuestas de erradicación deben considerar unas medidas sociales justas para los pequeños productores, cuya presencia en la región ha afectado la territorialidad de los pueblos indígenas amazónicos quienes paulatinamente han sido involucrados en la complejidad de la problemática colombiana.
Ahora bien, es importante señalar que en la región amazónica existen grandes plantaciones de coca, las cuales no han sido fumigadas ni erradicadas. Estas pertenecen a "inversionistas" de fuera de la región, quienes cuentan con el capital para establecer grandes cultivos dentro de la selva.
El problema global de las drogas implica que no sólo deben tomarse acciones en la producción, sino en todo el circuito que incluye la transformación , comercialización (redes de distribución) y lavado de dólares.
En este contexto, el problema de la erradicación de la hoja de coca, la cual sin duda debe realizarse, debe ubicarse en un escenario más amplio en donde se observen los efectos de acciones químicas y biológicas en la región.
Escenarios de la guerra
Es evidente que existe una estrecha relación entre el conflicto armado, los cultivos ilícitos y la guerra en el país. Con el capital del narcotráfico los ejércitos se han fortalecido y la ingobernabilidad del Estado ha aumentado.
Con la agudización del conflicto las acciones de guerra se concentraran en las zonas de mayor control territorial de las FARC. Así la presencia de bases del ejército se orienta a fortalecer las acciones militares, mientras que las fumigaciones y uso de métodos biológicos afectarán directamente a la población campesina cultivadora de la coca. La población objetivo de estas acciones será el pequeño y mediano cultivador de coca (entre 3 y 7 hectáreas de hoja) que enfrentará dos opciones: el desplazamiento o la inserción en la guerrilla o los grupos paramilitares.
Para esta situación se preparan los actores del conflicto: los paramilitares incrementan sus acciones y amplia su presencia; la guerrilla, paralelo a la negociación, recluta y entrena población civil y construye infraestructura para garantizar su movilidad; el ejército se fortalece con armamento y nuevas bases militares, mientras la sociedad civil se enfrenta a la búsqueda de caminos que le permitan sobrevivir a las acciones de guerra que se espera se agudizaran con la aplicación del Plan Colombia.
Los impactos de la guerra serán la muerte, el desplazamiento y la destrucción. La polarización de los actores que se vive empieza a ocasionar el desplazamiento de población y se busca involucrar a los civiles en el conflicto. De otra parte, la utilización de armas químicas y biológicas tendrá efectos incalculables.
Impactos ambientales
La Amazonía colombiana se constituyen en lugar de la confrontación y el conflicto. Este territorio, que cubre el 35% del país, cuenta con importantes recursos naturales. Allí se encuentran lugares con especies únicas, parques nacionales naturales (La Macarena, Tinigua, Pichachos, La Paya, Chiribiquete y Nukak), centros de alta biodiversidad conocidos como refugios pleistocénicos de incalculable valor como el Refugio del Napo (sur del Colombia, norte del Ecuador), selvas y sabanas amazónicas.
El potencial de la biodiversidad de la región es aun desconocido. Sin embargo, la variedad de especies y de ecosistemas la hacen altamente vulnerable ante las fumigaciones y utilización de mecanismos de control biológico. En particular, la zona del Putumayo, lugar donde se concentrarán las acciones del Plan Colombia, representa el piedemonte de la Amazonía colombiana. Es decir, es una zona de transición entre la cordillera de los andes y la selva baja amazónica, dándole características únicas a la vegetación y fauna de la región.
Es además, lugar de nacimiento de los principales ríos de origen andino que cruzan la Amazonía colombiana. Estos son ricos en especies por el contenido de sedimento de sus aguas.
Ante las acciones bélicas y las fumigaciones o control biológico, la población se desplazará hacia los centros poblados, presionando por la urbanización de la zona; mientras que otros se internarán, aún más, en las selvas ocasionando impactos ambientales como la deforestación.
Con las fumigaciones se contaminan los suelos, aguas y se atenta contra la flora y la fauna de la región, y por supuesto, afecta la vida humana.
La utilización de mecanismos de control biológico es a todas luces censurable, dados los incalculables efectos que pueda tener sobre la Amazonía en general y sobre sus habitantes.
En especial, se afecta a pueblos indígenas como los Inganos, Cofanes y Sionas, cuyo territorio ancestral se encuentra en el departamento objetivo del Plan Colombia.
El uso de agentes biológicos y la experimentación no pueden ser un costo que la humanidad pague en este conflicto. La identificación de insectos, hongos o microorganismos para su utilización, mediante manipulación genética, como productos patentados para la erradicación de la coca atenta contra el Convenio Mundial de Biodiversidad (numeral 3 y 8j), el Protocolo de Bioseguridad, el acuerdo 391 de Cartagena y el Convenio 169 de la OIT.
No existen garantías sobre el ataque específico del producto, ya que puede atacar otras especies. Además, aunque sólo ataque la coca, debe tenerse en cuenta que esta es una planta sagrada para los pueblos amazónicos, por lo que se estaría afectando directamente su saber y su cosmovisión. Se desconocen sus impactos, como serían mutaciones y el tiempo que el producto permanecería en el suelo.
Por esto, la Amazonía no puede convertirse en campo de experimentación y prueba de métodos de control biológico. NO, cuando hay caminos pacíficos para la erradicación y sustitución. NO, si la comunidad internacional asume la responsabilidad por preservar uno de los ecosistemas más biodiversos y ricos del planeta. NO, porque atenta contra la seguridad alimentaria mundial. No porque afecta irreversiblemente a los pueblos indígenas. NO, porque es un compromiso ético de la humanidad.
Pueblos indígenas
Los pueblos indígenas en todo este proceso son los principales afectados. Han perdido sus territorios por la colonización y la guerra. Su tradición ha sido alterada por la avanzada de la cultura occidental. Son víctimas de los actores armados de uno y otro bando, siendo desplazados de su territorio o involucrados en el conflicto.
La humanidad se enfrenta a la pérdida del conocimiento y sabiduría de estos pueblos que han habitando ancestralmente la Amazonía. La agudización del conflicto acelerará el proceso de extinción de la cultura amazónica, trascendiendo las fronteras de la guerra en Colombia para extenderse a todos los pueblos amazónicos.
El desplazamiento, reclutamiento, asesinato, desaparición, ocupación territorial son crímenes que se efectúan sobre estos pueblos, sin que el país ni el mundo se expresen en contra.
Ahora, con la guerra biológica se genera un impacto mayor los pueblos. Se agudizará el ecocidio de los pueblos, al afectar el entorno en que habitan por la introducción de agente que, sin duda, alteraran el frágil ecosistema amazónico.
El futuro de Colombia, de la Amazonía, los pueblos indígenas, campesinos y gente común no debe debatirse en la guerra. Por el contrario, el mundo debe hacer votos por el futuro de la paz, la construcción de sueños globales en donde el sentido de la vida esta en la riqueza de las culturas y la biodiversidad. Este, debe ser el compromiso de los habitantes de un planeta posible. No intentar hacer algo es condenarnos a repetir las miles de historias de muertes y desesperanza con que los hijos de nuestros hijos nos han de recordar.
el paro armado del Putumayo, radicalización de la guerra y crisis humanitaria
Asociación
Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDHU
Octubre del 2000
El departamento del Putumayo se encuentra en medio de una crisis generada por el escalonamiento de la guerra entre paramilitares y guerrilla de las FARC y el anuncio de la aplicación del Plan Colombia en la zona, con fumigaciones aéreas contra los cultivos de coca.
La guerra de posiciones entre la guerrilla y los grupos paramilitares y la lucha por el control territorial en el sur del país ha derivado en la intensificación de los combates y la declaratoria, por parte de las FARC, del paro armado desde el pasado 24 de septiembre. Con este paro se han bloqueado totalmente las vías de acceso a la región, se ha aislado a la población, paralizado todo tipo de medios de transporte y, por lo tanto, no se cuenta con suministro de alimentos, medicinas e insumos básicos para la los habitantes de los trece municipios del departamento.
Las FARC presionan a los civiles para forzarlos a participar en el paro armado y tomar posiciones en la guerra. En especial se obliga a las comunidades indígenas a ser parte del paro, pese a sus reiteradas manifestaciones de neutralidad frente al conflicto.
Más de un mes después de iniciado el paro el departamento atraviesa por una situación sin precedentes. Las autoridades regionales y locales hacen ingentes llamados al Estado colombiano y a las fuerzas en conflicto para garantizar el respeto al derecho internacional humanitario y declaran que:
"la economía del Departamento está paralizada, la población no cuenta con combustible, gran parte del Departamento se encuentra sin servicio de energía eléctrica, la prestación de servicios públicos domiciliarios es prácticamente nula, la prestación del servicio de salud es precaria y se han presentado ataques directos a la misión médica, el servicio educativo se ha visto restringido, el servicio del transporte está totalmente paralizado y la población vive una crisis alimentaria de grandes proporciones, que no se resuelve con las ayudas alimentarias que el gobierno ha enviado a la región".Comunicado al gobierno y a la comunidad nacional e internacional sobre la crisis humanitaria en el departamento del Putumayo, Octubre 20 del 2000
La grave situación ha generado un mayor desplazamiento de población. Se calcula que más de 4.000 personas se han desplazado huyendo del conflicto. En las últimas semanas el número de colombianos que han llegado al Ecuador se ha incrementado y sólo el día posterior a la masacre de La Dorada, ocurrida el 29 de septiembre, se registraron más 1500 personas que ingresaron a la frontera en busca de refugio.
El aislamiento generado por el paro armado y los enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares amenazan la seguridad alimentaria y la supervivencia de los 350.000 habitantes del Putumayo. Entre ellos, los pueblos indígenas se constituyen en grandes víctimas, pues además de la crisis general que viven los habitantes de la región, se vulnera su identidad cultural, se afecta su territorialidad y se les involucra en el conflicto ante el cual se han declarado neutrales.
Como resultado de las acciones de la guerra los civiles se encuentran encerrados en medio del conflicto y sin posibilidades de ser tenidos en cuenta para la búsqueda de salidas a la grave situación. Se desconoce a las autoridades regionales y locales, no existe respeto a las organizaciones de ayuda humanitaria . Los pueblos indígenas están aislados sin que se respete su autonomía, identidad y territorialidad.
Esta grave situación puede hacerse aún más crítica si se afecta la infraestructura vial del departamento , con lo cual el "embolsamiento" de los civiles sería mayor.
Ante estos hechos de guerra se agudiza el desplazamiento forzado, se incrementa el número de civiles involucrados en el conflicto y se tienen víctimas del fuego cruzado entre los paramilitares y guerrilla de las FARC.
En estas condiciones el departamento del Putumayo enfrenta una crisis humanitaria que debe llamar a la reflexión a la comunidad internacional. Es un hecho que se presenta un grave escalonamiento de la guerra, que debe ser tenido en cuenta para analizar las consecuencias de la aplicación del Plan Colombia en la zona.
Ante la decisión de la comunidad internacional de apoyar el proceso de paz con inversiones sociales, es urgente considerarlas acciones humanitarias que eviten las muertes anunciadas, las masacres y los genocidios que la humanidad a enfrentado en otros continentes y que aún hoy lamenta, como el caso de Ruanda que se convierte en un recuerdo doloroso en víctimas y consecuencias, y sobretodo, en la imposibilidad de actuar rápida y efectivamente para evitar el desastroso desenlace de la guerra.
El silencio frente a la situación del Putumayo en medio de las decisiones del Plan Colombia y del proceso de paz, no puede ser el cómplice del desplazamiento, la muerte y la desesperanza para las gentes de la región.
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